Gabriela Peña González, Directora de Asuntos Inmobiliarios de la SEDETUS (Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable), señaló que su principal objetivo es generar los lazos de comunicación que permitan que los asesores inmobiliarios se integren al padrón de asesores matriculados y autorizados.
Por ello, los invita a acercarse a la institución o a entrar a la página web, esto con el objetivo de agilizar los trámites para la matriculación de los profesionales inmobiliarios, la cual tiene un costo de 13 mil 500 pesos de manera anual.
“Es un tema de ley, porque es obligatorio, a través de la ley de servicios inmobiliarios nosotros regulamos ese marco en donde ellos se tienen que inscribir y no solamente eso, sino también profesionalizar, que es la parte fundamental”.
La formación inicial de un agente certificado, implica el conocimiento de todos los modos de crédito que existen dentro del territorio inmobiliario, desde créditos de interés social y otras modalidades existentes para la adquisición de un bien.
Además del modelo de crédito, consiste en generar expedientes, armarlos y en saber integrar la documentación para la comercialización. También, poder orientar a los usuarios -en este caso propietarios de inmuebles- para poder encontrar las soluciones adecuadas en temas de gestorías y vivienda.
Si el propietario desea vender, rentar o administrar su propiedad; o si tiene un tema de problemas por gravamen, por catastro o por registro; que encuentre el apoyo que se requiere y la asesoría adecuada para que pueda resolverlo. Esto permite legalizar no solo la compraventa sino el propio bien inmueble para que salga al mercado de la mejor manera.
La secretaría cuenta con un padrón de asesores inmobiliarios certificados en el Estado, así cuando un ciudadano desee rentar, vender o administrar su propiedad tenga la certeza de que el asesor inmobiliario esté registrado y autorizado para proveer un servicio profesional al cliente.
“Entonces para nosotros es prioritario el formar y ver la calidad de los servicios para beneficiar al ciudadano, porque es éste el que pone el patrimonio en riesgo en el caso de un acto comercial”.
